Una jueza del estado de Connecticut ha rechazado la moción de desestimación presentada por el Dr. Carlon Colker en el proceso iniciado por Janel Grant, exasistente de Vince McMahon, según ha informado Brandon Thruston en POST Wrestling. Esta decisión permite a Grant seguir adelante con la solicitud de pruebas contra el médico y su clínica, Peak Wellness, a quienes vincula directamente con su tratamiento ordenado por McMahon durante los años en que, según ella, fue víctima de abuso sexual.
Este procedimiento no forma parte directa de la demanda federal que Grant presentó contra McMahon, WWE y John Laurinaitis, sino que se trata de una petición estatal para obtener pruebas antes de presentar una posible demanda. La jueza Colleen Zingaro dictaminó que Grant tiene base para solicitar comunicaciones, documentos y posible testimonio de Colker y su clínica, incluyendo materiales relacionados con visitas médicas, tratamientos no identificados y prescripciones que, según Grant, se le administraron sin su conocimiento.
Los abogados de Grant consideran que podría haber base para acusaciones civiles como conspiración, fraude, agresión, violación de deber fiduciario e incluso cargos bajo la ley RICO. Por su parte, Colker niega las acusaciones y afirma haber entregado todos los registros solicitados, respaldado por los recibos presentados en su propia demanda por difamación contra la abogada de Grant.
El fallo del lunes no implica que Colker o su clínica hayan cometido irregularidades, pero sí permite a Grant avanzar en el proceso de recopilación de pruebas que podrían sustentar una futura acción legal a nivel estatal.
La demanda de Janel Grant contra Vince McMahon, John Laurinaitis y WWE fue presentada en enero de 2024 y alega una serie de abusos físicos, sexuales y psicológicos que habrían ocurrido durante su tiempo como empleada de la compañía. Grant afirma que McMahon la manipuló emocionalmente y la obligó a mantener una relación sexual no consensuada, facilitada y encubierta por Laurinaitis. La denuncia también sostiene que WWE no solo permitió estos hechos, sino que creó un entorno que los facilitó, convirtiéndola en víctima de una supuesta red de explotación y abuso de poder.
Además de los abusos personales, la demanda acusa a los demandados de violaciones relacionadas con la Ley RICO (una legislación utilizada para procesar casos de crimen organizado), tráfico sexual, coacción, conspiración civil y violación del deber fiduciario. Grant sostiene que fue silenciada y obligada a firmar acuerdos de confidencialidad, y que se le prometieron oportunidades profesionales a cambio de favores sexuales. La causa continúa avanzando en el sistema judicial federal, mientras los acusados buscan mover el caso a arbitraje.
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